El pasado viernes, 1 de septiembre, entró en vigor el real decreto sobre inversiones extranjeras. En el mismo, se desarrollan los mecanismos de control de inversiones extranjeras directas en virtud de las cuales, el cierre de determinadas operaciones requiere de autorización administrativa previa, tanto el previsto ya en el famoso art. 7 bis de la Ley 19/2003, regulado en 2020, como otras relacionadas con la defensa nacional.

Un día después de que el Juzgado Mercantil número dos de Barcelona comunicara su sentencia sobre la refinanciación de Celsa -homologando el plan diseñado por los fondos liderados por Deutsche Bank y dando a estos el control de la mayor siderúrgica española- el Gobierno en funciones, a través del Ministerio de Industria, ha lanzado en el mediodía de hoy martes un comunicado: "El Gobierno transmite tranquilidad con la sentencia de Celsa y trabajará para mantener su continuidad".

[El juez de Celsa lanza un aviso para navegantes: "Los acreedores reparten las cartas con la nueva Ley Concursal"]

¿Qué necesidad tiene el Gobierno de transmitir tranquilidad con la sentencia de Celsa? ¿No es, acaso, otra intromisión del Ejecutivo en el Judicial? ¿No es consciente de que con ese comunicado se demoniza a los fondos? ¿Olvida el Gobierno que Celsa es una compañía privada que ha dejado de pagar a los fondos acreedores 1.200 millones de euros? ¿Olvida que en el juicio de Celsa se ha aplicado la nueva Ley Concursal que el mismo Gobierno aprobó ahora hace un año?

Si la sentencia hubiera impedido la toma del control de Celsa por parte de los fondos, si se hubieran mantenido a los mandos del grupo la familia Rubiralta, ¿lanzaría el Gobierno un comunicado trasladando tranquilidad, a pesar de que tanto el juez como los asesores de los fondos advierten que el grupo iría a la quiebra si no se aprobara el plan de refinanciación?

"El Gobierno negociará con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la continuidad del domicilio social en España y la puesta en marcha de una gobernanza corporativa moderna, independiente y profesional", dice Industria en su comunicado.

[Celsa, visto para sentencia: por qué el juicio por la mayor siderúrgica española pasará a la historia]

"La propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros no autorice la operación, para lo que los inversores deben presentar la correspondiente consulta o solicitud de autorización", advierte Industra.

Pocos minutos después de que Industria emitiera su comunicado, Celsa ha enviado otro, en el que también recuerda que la operación requiere del visto bueno gubernamental.

"El plan de reestructuración homologado en sede judicial significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española", indica la compañía. "Este hecho de acuerdo con la ley 19/2003 del 4 de julio sobre el régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior requiere de una autorización expresa del Gobierno de España", añade.

[Celsa y Naviera Armas, estratégicas para la economía española, pendientes de una inminente decisión judicial]

La empresa subraya que mantiene "el apoyo de los diferentes grupos de interés (partners, proveedores, administraciones públicas, gobiernos autonómicos, patronales o sindicatos) a su modelo industrial". Todos ellos, apunta, "se han manifestado a favor de la continuidad del proyecto y por ello Celsa tiene asegurada su continuidad".

Tanto el tono del comunicado de Industria como el de Celsa están muy alejados del manifestado por el juez Álvaro Lobato en su sentencia del lunes, que llega a adoptar en algunos párrafos uno marcadamente liberal.

"En un mundo globalizado, en el marco de una moderna economía competitiva sin barreras artificiales de entrada, ni atávicos proteccionismos que enmascaran privilegios injustificados, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica", dice el magistrado en su sentencia.

[Houlihan Lokey sugiere que Sepi condicionó las ayudas a Celsa a que los Rubiralta mantuvieran el control]

"Las cosas ya han cambiado, ya no se llama a Moncloa para pedir permiso para llevar a cabo una operación", comentaba a primera hora de esta mañana un representante de los fondos que tomarán el poder en Celsa, en conversación telefónica con este periódico. "Sería un escándalo que se activara aquí el escudo antiopas, hay una resolución judicial que no es recurrible, no es posible", decía.

Sin embargo, las cosas no parecen haber cambiado tanto, y todo recuerda ahora al trajín que hubo en la Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero con la venta de Endesa a inversores extranjeros, entre 2005 y 2006.

Sin ir más lejos, el propio Pedro Sánchez llamó al consejero delegado de Deutsche Bank para interceder por los Rubiralta en Celsa.

Los representantes de los fondos consideran que, tratándose de una operación validada en sede judicial, la activación del escudo antiopas no tiene aquí sentido.

También recuerdan que la medida prácticamente no se ha activado en los tres últimos años, a pesar de la crisis provocada por el Covid. "El real decreto reduce de seis a tres meses el periodo de tiempo en el que el Ejecutivo tiene que validar o no la operación", señalan. "En enero, los fondos desembarcan en Celsa", sostienen.

Pero visto que el equipo de Pedro Sánchez es capaz de entrevistarse con un prófugo de la Justicia española que requiere una amnistía, que el Gobierno activara el escudo antiopas para impedir el desembarco de los fondos en Celsa, que el Ejecutivo se marcara 'un Puigdemont' para salvar a los Rubiralta -que cuentan con el apoyo de la Generalitat de Pere Aragonès-, no parece algo tan improbable.