El camino al impacto debe llevarnos a un marco regulatorio

Es posible que todavía existan dudas sobre la implicación real del término 'economía de impacto'. La atención a la diversidad funcional, la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión, la educación accesible, la renovación urbana justa, combatir la despoblación o el despliegue de energías limpias, son solo algunos ejemplos reales en los que se materializa dicha economía de impacto.

De forma más técnica, responden a retos insuficientemente atendidos por el mercado, buscando generar un impacto positivo y medible, junto con un retorno financiero ajustado al riesgo e impacto.

Los avances en la oferta de capital para financiar dichas actividades son verdaderamente relevantes y demostrables. El volumen registrado a cierre de 2023 asciende a 1.517 millones de euros. Para reflejar el verdadero boom que ha registrado el sector, conviene compararlo con los niveles de 2020, cuando comenzamos a medir las cifras de capital de impacto. Desde entonces, se han más que duplicado, con un incremento del 135%.

El crecimiento es digno de celebración, pero también debe servirnos de pista para saber que, seguir garantizando su expansión, requiere un acompañamiento del ecosistema y de todos los actores que lo conforman. Ese acompañamiento en este largo camino al impacto debe finalizar con un marco regulatorio y fiscal que facilite las operaciones y reste incertidumbre a las decisiones de los actores.

Ya existen varias propuestas sobre la mesa en materia regulatoria que facilitan el desarrollo de la inversión de impacto. En primer lugar, a nivel europeo hablamos del reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).

La revisión de la SFDR, remitida ya a la Comisión Europea y en la que, desde SpainNAB, hemos tenido un papel clave, debe incluir una etiqueta específica para que se entienda la inversión de impacto como tal, más allá de lo sostenible.

Lograr una etiqueta o sello privado de impacto alineada con los objetivos europeos debe ser otra apuesta clara del sector español. Con ese fin venimos trabajando desde SpainNAB desde hace más de un año, logrando ya el paso previo para que sea una realidad.

El primer Código de Buenas Prácticas para la inversión de impacto que pronto funcionará en España como un mecanismo que distinga a la inversión de impacto, de otras estrategias bienvenidas de Inversión Sostenible.

Una tercera reflexión del sector es la necesidad de un marco fiscal incentivador. Hay inversiones de impacto que generan rentabilidades de mercado, pero hay otras inversiones que generan rentabilidades más bajas. Por ese motivo, se puede seguir los pasos de países como Portugal o Francia para fomentar esta inversión mediante los incentivos fiscales. Así, el inversor que apueste por este estilo concreto puede compensar una rentabilidad inferior con un escenario fiscal más atractivo.

La economía de impacto está inmersa en un camino de retos y avances para convertir a España en un país de referencia a nivel internacional. Pero también se han alcanzado grandes metas a lo largo de los años. Estos avances son fruto de la colaboración entre una gran diversidad de organizaciones y profesionales, y entre los sectores público y privado.

Por poner tres ejemplos sobre este último punto, el Fondo de Impacto Social, gestionado por Cofides y dotado con 400 millones de euros, es un gran revulsivo para los intermediarios financieros y las coinversiones en empresas de impacto. El Grupo ICO, a través de su filial AXIS, fue pionero en la creación de la Iniciativa de impacto social y sostenibilidad, con una dotación de hasta 100 millones por su positiva evolución.

Especial mención también merece la Diputación de Málaga, que ha logrado promover el primer Contrato de Impacto Social ‘Málaga no Caduca’, un instrumento con un esquema público-privado para la provisión y financiación de servicios sociales basado en el pago por resultados, que en este caso busca abordar el reto de la inseguridad alimentaria de manera interdisciplinaria y holística.

Impulsar la movilización de capital público y privado es primordial porque entre todos podemos generar un alcance, en términos de escala, superior al que haríamos de manera individual.

Estos avances, a su vez, reflejan también la gran cantidad de oportunidades que el ecosistema ofrece. Uno de ellos es la de internacionalizar el sector, un reto que nos hemos marcado en SpainNAB, y así aprovechar la oportunidad de mirar más allá de nuestras fronteras y trabajar con gestoras muy relevantes que están explorando su entrada en nuevos países.

Queremos impulsar la inversión de impacto made in Spain en los países del Sur Global y lo vamos a hacer junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Cumplimos ya cinco años en los que hemos caminado para impulsar la inversión de impacto como una política de estado. Nuestro objetivo siempre ha sido construir un sector robusto y confiable, capaz de generar un cambio real y medible. Hoy contamos con las bases sólidas y fuertes para lograrlo y seguir avanzando en nuestro camino al impacto. 

***José Luis Ruiz de Munain es director general y fundador de SpainNAB.