Ilustración: Tomás Serrano.

Ilustración: Tomás Serrano.

Política

El octubre negro de Sánchez agrieta el bloque progresista y le obliga a activar la 'operación salvar a Yolanda'

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El bloque progresista que se construyó en la anterior legislatura y sobre el que fundamentalmente se apoyó la investidura de Pedro Sánchez hace justo un año se resquebraja. El Gobierno de coalición sufre como nunca lo había hecho y por acumulación de episodios negativos.

La izquierda que forma el Gobierno de coalición y el bloque parlamentario de arranque de legislatura se agrieta en un octubre negro en que ha habido casi todo: desde la explosión de un caso de corrupción que afecta a quien era mano derecha del presidente del Gobierno a la traca final en forma de dimisión del portavoz parlamentario e ideólogo de Sumar, Íñigo Errejón, por las denuncias de abuso sexual.

Un año después de la investidura ese supuesto bloque progresista se muestra además como una entelequia, porque ya no puede sacar adelante iniciativas sin el concurso de PNV y Junts, dos partidos más próximos a la derecha que vetan medidas de izquierdas como los impuestos a las empresas energéticas y los bancos.

Les sigue uniendo el rechazo al bloque que forman PP y Vox y les salva la imposibilidad de formar una mayoría alternativa para presentar una moción de censura que pueda sacar a Sánchez de la Moncloa.

El bloque progresista, además, se agrieta porque Podemos hace valer sus diputados, necesarios en todas las votaciones, con condiciones imposibles de asumir por el PSOE y, sobre todo, incompatibles con Junts y PNV.

Los de Ione Belarra, herederos de Pablo Iglesias, juegan sus cartas y muestran con su estrategia el grave error que cometió Yolanda Díaz al facilitar su pase a la oposición, dejándoles manos libres para sostener en solitario programas de izquierdas de máximos con todo el carril de ese espacio político libre para coger banderas incómodas para Sánchez como la vivienda, la política exterior y la denuncia de la corrupción, entre otras.

Es sabido que el PSOE es muy consciente de que sin el complemento de Sumar le será casi imposible lograr mayorías suficientes para gobernar y por eso necesita sostener como sea a su socio del Gobierno de coalición. Es la "operación salvar a Yolanda Díaz" que de nuevo Moncloa pone en marcha.

Lo hace con éxito relativo porque todas las encuestas revelan caídas de Sumar hasta perder la mitad de sus escaños, una predicción avalada por fracasos notables en todas las elecciones celebradas en el último año.

Por eso, en el entorno de Sánchez preocupa el hundimiento de Sumar y su inanidad política. Preocupa que los de Yolanda Díaz carezcan de estrategia y banderas propias y que se hayan mostrado en estas semanas como un partido dubitativo que pretende seguir los desmarques de Podemos, pero con la imposibilidad de hacerlo por actuar desde el Gobierno.

Molestó mucho en el Gobierno que el martes Sumar pactara con el PP diversas votaciones en el Congreso sin que hubiera necesidad por las materias. Por cierto, que esas negociaciones y decisiones las tomó Íñigo Errejón, probablemente las últimas que tomó en política antes de su dimisión.

Díaz y Sumar mantienen casi como única bandera la de la reducción de jornada, pero se le atasca por falta de acuerdo con los empresarios y el riesgo de que Junts lo tumbe. La vicepresidenta segunda dijo hace un año que esta sería la "legislatura del tiempo", pero ahora eso no es más que un recuerdo lejano sepultado por la coyuntura adversa.

'Caso Errejón'

La grieta por el caso de Errejón afecta sobre todo a Sumar, pero también al conjunto del Gobierno de coalición, como lo demuestra que Sánchez corriera a mostrar su opinión en redes sociales rechazando los hechos.

Errejón, como portavoz en el Congreso, era interlocutor en negociaciones con los socialistas, era uno de los estrategas y preparaba la ponencia principal del congreso convocado por Sumar para los próximos meses, en el que el partido debía reconfigurarse para intentar convertirse en un proyecto viable.

Hay que recordar que Díaz teóricamente dimitió como líder de Sumar tras el fracaso en las elecciones europeas, pero ni ha sido sustituida ni se ha entendido de qué dimitió exactamente la vicepresidenta. Y cuando un gesto político no se entiende carece de sentido.

El escándalo les coge sin terminar de encajar las piezas que forman Sumar y con tensiones internas incluso entre miembros del Gobierno como la propia Díaz y Mónica García, ministra de Sanidad.

También por discrepancias entre los diputados procedentes de distintos territorios a propósito de la financiación autonómica y el concierto catalán pactado por PSC y ERC.

Sumar va a nombrar a su tercer portavoz en un año, tras Marta Lois, sepultada en las elecciones gallegas, y Errejón y su designación provocará más tensión entre los partidos que lo forman.

Yolanda Díaz ya es insalvable como líder de futuro, Ernest Urtasun provoca reticencias y Mónica García procede de uno de los partidos con menor fuerza en Sumar.

De hecho, fuentes socialistas explican en caliente que no es descartable que los cambios en el Gobierno previstos para finales de noviembre por la salida de Teresa Ribera terminen por afectar también a los ministros de Sumar.

Igualdad

Además, la grieta se abre precisamente en un tema como el de la Igualdad, una de las banderas que PSOE y Sumar pretendían recuperar. Hay que tener en cuenta que en 2023 los socialistas perdieron mucho poder territorial, en comunidades y ayuntamientos, como consecuencia de los efectos penales de las ley del sólo sí es sí, que facilitó la reducción de condenas a cientos de delincuentes sexuales y machistas.

En el inicio de esta legislatura, Sánchez nombró a Ana Redondo ministra de Igualdad con el encargo expreso de recuperar la bandera de la Igualdad que tuvo Podemos en la anterior legislatura y también bajar la tensión entre movimientos feministas, enfriando este asunto.

Ahora queda en cuestión la manera de afrontar la Igualdad en Sumar y su discurso sobre feminismo.

En este contexto, el Gobierno intenta cuadrar los intereses del bloque progresista sobre los impuestos a las energéticas y los bancos, con el rechazo de Junts y PNV.

Se negocia la posibilidad de que ese impuesto que nació como provisional entre en el concierto vasco, de tal forma que el Gobierno de Vitoria pueda bonificarlo. Pero en la práctica eso sería diluir el impuesto, porque en el País Vasco tienen sede las principales empresas afectadas, como Repsol o Iberdrola, entre otros.

Y Carles Puigdemont parece estar encontrando su camino: no a la moción de censura con PP y Vox, pero paladín del empresariado catalán contra el impuestazo y el cierre de nucleares. 

Junts celebra este fin de semana su congreso que servirá para fortalecer a Puigdemont para mantener el control sobre la legislatura y Sánchez.

Fuentes socialistas y de Podemos coinciden en explicar que la crisis grave de ese bloque progresista hace que colapse el proyecto último de la legislatura. Explican que en la anterior era posible tener un proyecto de izquierdas con medidas como el salario mínimo y leyes como la de eutanasia o la de memoria democrática, entre otras. Ahora eso no es posible.

En la grieta influyen los casos de corrupción, especialmente, el que afecta a José Luis Ábalos, pero también la prolongación de la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Y los que puedan surgir sobre esos, como el sumario que aún permanece secreto en la Audiencia Nacional y que mantiene en prisión al empresario y comisionista Víctor de Aldama.

En el caso de Begoña Gómez, los tribunales han tumbado cuatro iniciativas estratégicas de la Moncloa: tres querellas contra el juez José Luis Peinado y una petición de archivo.

Esa debilidad del Gobierno se muestra también en mantener el apoyo a que Álvaro García se mantenga como fiscal general del Estado, pese a estar imputado. Sánchez no puede permitirse ahora entregar esa cabeza.

La reacción del presidente es la de reforzarse con sus fieles y buscar cómo reforzarse con medidas como el cambio del sistema de elección de RTVE y la anunciada batería de medidas legales sobre los medios de comunicación.

Sánchez tiene pendiente una crisis de Gobierno y un congreso federal del PSOE el último fin de noviembre al que llega con una contestación territorial interna como nunca la había tenido como presidente del Ejecutivo.

La ofensiva sobre los presuntos delitos del novio de Isabel Díaz Ayuso apenas le sirve para articular una estrategia de defensa política.

Sus mejores asideros son los óptimos datos económicos y el rechazo que PP y Vox provocan entre sus socios.

Quedamos a la espera del nuevo triple salto mortal de Pedro Sánchez.