El Gobierno admite que la financiación singular para Cataluña sería parte de un modelo pactado con el PP

Los independentistas quieren un modelo similar al concierto vasco que saque a Cataluña del sistema general, mientras el Gobierno ofrece un régimen singular para esta comunidad, pero dentro de un sistema multilateral para todas las comunidades.

Para acercar posturas es necesario que trabajen las comisiones de PSC y ERC, con algunas condiciones ambientales que lo complican, como las fuertes tensiones internas en el partido independentista y la presión de Junts, que busca forzar unas nuevas elecciones en Cataluña para el mes de octubre.

Por el momento, el Gobierno ha decretado una especie de silencio público para evitar interferir en las negociaciones entre PSC y ERC. Tanto, que públicamente el Ejecutivo tiene prohibido siquiera asegurar que siguen descartando la opción del concierto, hasta el punto de mantener una ambigüedad que recuerda a los procesos de cambios de opinión previos a la aprobación de la amnistía, los indultos o la reforma de los delitos de malversación y rebelión, entre otros. 

En todos esos casos, el trasatlántico de la posición del Gobierno fue girando lentamente desde la negación, el no descartar, los argumentarios para allanar el terreno y, finalmente, la consumación de la aprobación para culminar el giro completo.

Este martes, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, rechazó reiteradamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros garantizar públicamente que nunca aceptarán el concierto vasco para Cataluña o que no sacarán su financiación del sistema general.

Oficialmente, el Gobierno asegura que esta ambigüedad busca no interferir, pero que la posición del Ejecutivo sigue siendo la defensa de un sistema de financiación singular para Cataluña, dentro de una reforma del sistema general para todas las comunidades.

El Gobierno explica que se trata de combinar la negociación bilateral con la multilateral, como ha ocurrido siempre que se ha modificado el sistema.

¿Mesa con el PP?

Añaden fuentes autorizadas del Gobierno que ese sistema general o multilateral tiene que tener necesariamente el apoyo del PP. Por eso esas fuentes aseguran que no puede haber un cambio del sistema que caducó en 2014 sin acuerdo entre el PSOE y el PP.

Es decir, que la hipotética aprobación de ese sistema de financiación singular para Cataluña depende en último término de la aprobación del PP, al menos, según el deseo aparentemente firme del Gobierno.

De hecho, esas fuentes explican que en una de las últimas reuniones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el socialista propuso al jefe de la oposición constituir una mesa que de forma discreta trabajara en el cambio de modelo para todas las comunidades.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Siempre según la versión del Gobierno, el PP desdeñó esta petición y nunca hubo el más mínimo contacto sobre este asunto. De hecho, no hay ningún puente de diálogo entre Gobierno y PP sobre este asunto.

Considera el Gobierno que ahora sería deseable la existencia de esa mesa discreta para empezar a estudiar un modelo que pueda ser sometido más adelante al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin ese acuerdo, explican esas fuentes, sería imposible aprobar un modelo en el que pueda incluirse el que pactaran PSC y ERC.

Por ejemplo, si fuera preciso un cambio de la ley por afectar a modificaciones de impuestos, habría que buscar mayorías en el Congreso y el Senado que necesitarían del voto del PP.

Todo ello supone una dificultad añadida, porque la negociación entre socialistas e independentistas sobre la investidura de Illa se complica y entra en un bucle que podría suponer que se pacta únicamente una declaración de intenciones que luego habría que someter al Consejo de Política Fiscal, donde están representadas todas las comunidades.

La quita de 15.000 M

De hecho, en noviembre se pactó entre ambos partidos una quita de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Estado y aún no hay ni asomo del proyecto de ley que debe materializarlo. Entre otras cosas, porque el Gobierno se comprometió entonces a hacer extensiva esa medida a otras comunidades.

La duda es si las comunidades del PP quieren entrar ahora en el proceso de negociación hacia un pacto para un nuevo sistema de financiación, teniendo en cuenta que el comportamiento de los impuestos les es ahora favorable y mitiga las disfunciones del actual sistema.

Pese a todo, altas fuentes del PSC se muestran optimistas sobre la negociación que arranca, aunque matizan que la cruenta división que se vive en ERC hace complicado el acuerdo.

Entre los de Salvador Illa se habla del desarrollo del artículo 204.2 del Estatuto que habla de la creación de "un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña" para gestionar impuestos estatales y autonómicos. 

La duda es si ERC lo aceptará como sustitutivo del concierto.

El Gobierno admite que, en todo caso, un acuerdo con ERC no garantiza la aprobación de Presupuestos del Estado a finales de año, porque será necesario también el apoyo de Junts.

Pero ese acuerdo de investidura en Cataluña es imprescindible, porque en caso contrario la repetición de elecciones sería en octubre, justo cuando hay que negociar los Presupuestos, lo que complicaría muchísimo más su aprobación. Es decir, que la legislatura en gran medida depende de la investidura de Illa y un acuerdo con ERC, porque es posible seguir gobernando sin Presupuestos, pero todo sería mucho más complicado.