Moncloa ordena no opinar sobre la amnistía para dejar abierto el "plan B" de la repetición electoral

Por eso, ni él mismo ni ninguno del resto de los miembros del Gobierno y dirigentes del partido defienden públicamente la ley de amnistía que exigen Junts y ERC como condición para hacerle presidente, según fuentes del Ejecutivo.

La instrucción es que no haya ningún corte de voz o declaración de nadie admitiendo que se acepta negociar la ley, algo que supondría rectificar la posición anterior del líder socialista y su equipo, que siempre aseguraron que la amnistía no cabe en la Constitución. Ahora sólo habrá pronunciamiento si se cierra el acuerdo con Puigdemont y está asegurada la investidura.

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Sortean incluso admitir públicamente que aceptan tratar con Junts de la amnistía para evitar el desgaste de una hipotética negociación fallida y han dejado de asegurar que la medida es inconstitucional. El plan B, en ese caso, es ir a una repetición electoral con la medalla política de haberse resistido a las peticiones de Carles Puigdemont.

En las elecciones de noviembre de 2019, Sánchez anunció su compromiso de traer a Puigdemont a España para ser juzgado, y en las generales del pasado 23 de julio repitió un mensaje similar cuando la Justicia europea retiró la inmunidad al expresident de la Generalitat.

Sería un nuevo giro sobre el asunto, con la diferencia de que esta vez no hay pronunciamientos expresos y públicos a favor de la amnistía. Hay argumentarios que funcionan como burladero, como los referidos al diálogo y el marco de la Constitución, y botes de humo como el de avivar la polémica con José María Aznar y el PP.

Dejar en evidencia al PP

El propio Sánchez habló de medidas "valientes y arriesgadas" hace dos semanas en su última comparecencia púbica, y antes eludió repetir que la amnistía no cabe en la Constitución, remitiéndose a lo que en su momento dirá el Tribunal Constitucional.

Se escuda también Moncloa en el supuesto respeto institucional para esperar a que Feijóo se someta a la investidura el día 26 de septiembre.

Ese "plan B", que mira hacia las elecciones repetidas el 14 de enero, serviría, según los socialistas, para dejar en evidencia al PP, que ha basado estos días su estrategia en denunciar los efectos negativos de una hipotética amnistía. Es decir, en ese supuesto, el PSOE arremeterá contra los populares por haber manifestado contra una ley fantasma.

Para mantener libre esa salida, Moncloa ya ha trasladado a Junts que en ningún caso cumplirá la exigencia de aprobar la ley en el Congreso antes de la investidura.

Esa estrategia de silencio la ha roto desde el principio la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, al anunciar que creaba una comisión de 20 juristas para hacer una propuesta de ley de amnistía, y luego con la entrevista con Puigdemont en el Parlamento Europeo.