Toda la población de CyL ha respirado aire contaminado por ozono en esta primavera y verano, según Ecologistas en Acción

El informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción ha confirmado que los frecuentes episodios de calor que han tenido lugar durante la primavera y el verano de este año han elevado los niveles de ozono hasta el punto de que esto ha afectado a la totalidad de población de Castilla y León, la cual ha estado varios meses respirando aire contaminado por ozono. 

Es cierto que no se han llegado a identificar casos en los que alguna persona haya estado expuesta a niveles superiores al obsoleto objetivo legal vigente para la protección de la salud, pero existen zonas donde en el trienio 2021-2023 se han superado el nuevo objetivo legal propuesto para 2030 por la Comisión Europea. Estas son el Valle del Tiétar y Alberche, zonas en las que se ha apreciado un significativo empeoramiento de situación, al igual que en las aglomeraciones de Burgos y Valladolid, y en El Bierzo. 

Asimismo, Ecologistas en Acción asegura que el cambio climático se confirma como "un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono" y expresan que este tipo de contaminación debería abordarse como un problema sanitario de primer orden, dado que, según han dado a conocer en base a los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, "causa cada año en torno a 2.500 muertes", solo en España. "Durante este verano, el Instituto de Salud Carlos III ha identificado en Castilla y León 270 muertes por altas temperaturas", añaden. 

Además, desde la plataforma denuncian que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es "ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema", y se suman a las afirmaciones del CSIC en relación a que las estaciones del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Casilla y León no están optimizadas para la medición del ozono.

Por ello, la plataforma ha solicitado su reubicación parcial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

Justifican su teoría con varias sentencias del Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Castilla y León de los años 2020, 2018 y 2023 respectivamente, a través de las cuales condenaban a sus gobiernos a aprobar a la mayor brevedad planes de calidad del aire para reducir el ozono, debido al incumplimiento desde 2010 de los objetivos legales. 

En este sentido, Ecologistas en Acción considera inaceptable el hecho de que un año más la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España sigan careciendo de planes eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que reduzcan los elevados niveles de ozono, cuando en una sentencia reciente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha otorgado un plazo de seis meses a la Junta para que elabore un plan acorde con la normativa vigente. 

Además, recriminan que ninguna ciudad de Castilla y León haya cumplido con la obligación legal de establecer zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, cuando ya han pasado nueve meses desde el fin del plazo y pese a haber recibido fondos públicos para su implantación. 

Cabe destacar que el informe de la plataforma se basa en el análisis de los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 en casi 500 estaciones de medición repartidas por todo el territorio español, de las cuales 30 de ellas se sitúan en la Comunidad. Además, Ecologistas en Acción ha tomado como referencia el valor diario recomendado por la Organización Mundial de Salud.