Denuncian la "inviabilidad" de las dos presas "de alto impacto ambiental y social" que amenazan la Ribera del Órbigo

Ecologistas en Acción Castilla y León ha denunciado la "inviabilidad" de las presas que se pretende hacer en la Ribera del Órbigo, León. Lo ha hecho este sábado 11 de mayo durante la celebración de su Asamblea Federal en la localidad de Carrizo de la Ribera, donde han abordado los "problemas ambientales" que, a su parecer, afectan a todas las provincias de la región. 

Tal y como han dado a conocer desde la asociación en un comunicado, cinco años después de la primera reunión en este pueblo, ahora han querido volver al mismo, al considerar que está "amenazado por ser emparedado entre dos presas de alto impacto ambiental y social, dos pantanos que se llenarían mediante bombeo y que serían, además, inviables, como ya acreditó el estudio de viabilidad económica y social encargado por la Confederación Hidrográfica del Duero".

Zona donde se quiere hacer el embalse en Carrizo de la Ribera Ecologistas en Acción

Y es que, según Ecologistas en Acción, "esta información tan relevante ha sido ocultada durante la tramitación del III Ciclo del Plan Hidrológico de la cuenca y solo ha sido hecha pública tras la denuncia de la asociación ante el Portal de Transparencia del Defensor del Pueblo". 

El portavoz de la asociación, David Acebes, ha afirmado que "en la Ribera del Órbigo la gente está indignada ante la gestión del agua en la comarca por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero". Asimismo, ha añadido que, a su juicio, los procedimientos de participación pública han sido "una farsa encaminada a imponer los proyectos de construcción de las presas que confinarían el municipio de Carrizo".

Además, el portavoz de Ecologistas en Acción ha denunciado que "el llamado estudio de alternativas de la Confederación multiplica las infraestructuras a desarrollar hasta obtener 200 hectómetros cúbicos de reservas de agua del río Órbigo y afluentes, con sus graves impactos ambientales, sociales y económicos para la comarca".

Acebes sostiene que, tanto el estudio de alternativas, con un coste de más de 500.000 euros, como el proyecto técnico de las presas, en redacción por dos millones de euros, "extralimitan el objetivo de la declaración de impacto ambiental en vigor". 

"Ni las actuaciones, ni el gasto de la Confederación están legitimados con arreglo a la legislación, ni existe trazabilidad lógica que justifique las decisiones tomadas hasta ahora; siendo un ejercicio de arbitrariedad, desprecio a los pueblos afectados y afán regulatorio, rayano a lo delictivo", ha concluido.

Si bien, este no ha sido el único problema ambiental de la Comunidad abordado durante la asamblea, sino que en ella también se han tratado otros asuntos como la posición respecto a las macrogranjas, los aprovechamientos de agua, las plantas de biogás, las pistas de pádel y los monocultivos de fresas. Actividades que, según Ecologistas en Acción, "tienen un alto potencial de contaminación y de riesgos para los ecosistemas, si no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación".

"Estamos atentos a esta clase de proyectos, pero instamos a la población en general a denunciar ante las administraciones competentes cualquier actuación que entiendan que afecta su entorno, a solicitar información al respecto y a continuar la lucha desde nuestra Federación", ha espetado el colectivo.