El Gobierno actuará si Vox aplica la medida "xenófoba" anunciada en Burgos
El PP se desmarca de la iniciativa anunciada por su socio y se resiste a llevar a pleno el control del padrón que pretende Martínez-Acitores
6 junio, 2024 11:28Noticias relacionadas
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Alta tensión entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos a cuenta del anuncio por parte de los de Santiago Abascal, que controlan el área de Seguridad, de que perseguirían los empadronamientos ilegales en la ciudad. Una medida de la que este mismo jueves se ha desmarcado la alcaldesa, la popular Cristina Ayala, que ha recordado que es ella la quien da instrucciones a la Policía Local y ha asegurado que su grupo no está de acuerdo con varios puntos de una medida que ha calificado de "electoralista" y sobre la que el Gobierno de España ya ha advertido de que actuará si finalmente se aprueba.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, han informado este miércoles a EL ESPAÑOL de Castilla y León de que están en contacto con el Ministerio del Interior "para coordinar una acción que proteja los derechos humanos y en concreto a la ciudadanía de Burgos".
Según las fuentes del Ministerio consultadas por este medio, la ministra, Elma Saiz, condena "profundamente" esta "intromisión en materias que competen a la Policía Nacional con finalidades xenófobas". "El deber que tenemos como gobernantes públicos es velar por el cumplimiento de la ley sin criminalizar a ninguna persona por razones de raza o de origen", han señalado, asegurando que es imposible identificar "si una persona está en situación irregular a simple vista" y que "hacerlo de forma aleatoria atendiendo al color de piel es una acción claramente xenófoba".
En el mismo sentido se ha pronunciado este miércoles el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que ha asegurado estar "completamente en desacuerdo" con la "intromisión en materias que competen a la Policía Nacional y, además, con finalidades xenófobas".
"Todos debemos velar por el cumplimiento de la ley sin criminalizar a ninguna persona por razones de raza, de origen y del color de su piel", ha afirmado. Sen ha insistido en que "es imposible identificar si alguien está en situación irregular a simple vista" y en que "hacerlo de forma aleatoria según el color de la piel es xenófobo". "Hay que poner en valor los derechos humanos de todos los ciudadanos", ha afirmado.
Inspecciones periódicas para controlar empadronamientos ilegales
Una reacción del Gobierno de España que llega solo un día después de que el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad y Emergencias del Consistorio burgalés, Ignacio Peña, ambos de Vox, anunciasen la puesta en marcha de ocho medidas para combatir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en viviendas de la capital burgalesa.
Según afirmó el vicealcalde, el objetivo era ordenar a la Policía Local que persiga el empadronamiento ilegal a través de inspecciones periódicas por parte de los agentes, en colaboración con las autoridades municipales, para verificar la veracidad de la información que se haya proporcionado en los registros de empadronamiento y que la persona realmente reside en ese domicilio.
Además, anunció que los agentes de la Policía Local de Burgos colaborararían con los Servicios Sociales, además de con otros organismos competentes en materia de inmigración, para "compartir información relevante" y "coordinar los esfuerzos en la detección y prevención" de estas situaciones. También anunciaron que se impulsarán canales de "denuncia anónima" en los que los ciudadanos podrán informar sobre casos de empadronamiento ilegal que conozcan.
Martínez-Acitores aseguró que la iniciativa cuenta con el visto bueno de la parte del PP del Gobierno municipal, dirigida por la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y señaló que el problema de los empadronamientos ilegales de inmigrantes es un problema que se está produciendo "en toda España" y que les han llegado "quejas" en la ciudad. Pero los populares han dejado entrever su incomodidad con el anuncio.
Ayala se desmarca de la medida y recuerda que es ella quien da instrucciones a la Policía Local
La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se ha desmarcado este jueves de la medida anunciada por Vox y ha recordado que según la normativa básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local "es el alcalde la autoridad máxima que dirige y da las instrucciones a la Policía Local".
Ayala ha asegurado que la iniciativa de Vox viene de una proposición que, en un momento determinado, en el mes de mayo, la formación intentó llevar pleno y que no acabó entrando porque no dio tiempo a que entrase en el pleno ordinario. "En ese momento se quiere llevar por urgencia, no se considera un tema urgente y por tanto no se lleva el tema", ha afirmado.
La alcaldesa ha recordado que los policías locales "ya hacen parte de esa actividad", las que les corresponden "con sus competencias", porque estas competencias "no le corresponden a la Policía Local si no a la Policía Nacional". "La colaboración entre distintas administraciones públicas ya se da. Por tanto, la primera autoridad y la autoridad máxima en Policía Local es la alcaldesa, esto viene de una proposición y tiene ciertos tintes electoralistas al acercarse las elecciones europeas y lo que piden, en parte, no es competencia de la Policía Local", ha afirmado.
Además, Ayala ha asegurado que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos y la alcaldesa "no están de acuerdo con varias de esas acciones" propuestas por Vox.
La Junta de Castilla y León, por su parte, ha preferido no mojarse y el portavoz del Gobierno autonómico se ha limitado a señalar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que "es la posición de un grupo político en una institución local". "Hay varios planteamientos pero tendrá que ser esa administración la que lo resuelva", ha zanjado.
De la Rosa pide a Ayala que "frene" a su socio
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, la principal fuerza de la oposición, también ha reaccionado contra la medida pretendida por Vox y su líder, el exalcalde Daniel de la Rosa (2019-2023) ha pedido a la regidora, la popular Cristina Ayala, que "frene" a Vox. De la Rosa ha considerado que esta iniciativa es "un despropósito" y ha considerado que va dirigida a "retirar las ayudas a las que podrían tener derecho" los inmigrantes". "Es una vergüenza y no tiene competencias para hacerlo", ha afirmado.
También la concejal del PSOE Sonia Rodríguez ha asegurado que las medidas propuestas "estremecen" y muestran "desconocimiento" y ha hecho hincapié en que "no hay empadronamientos ilegales". Además, ha pedido que no se mezcle la situación irregular de los migrantes con los empadronamientos ilegales.
La edil socialista ha recordado que la Ley de Bases del Régimen Local obliga al empadronamiento y ha elogiado el trabajo "riguroso" que realiza el servicio de Estadística del Ayuntamiento y que ha sido "puesto en cuestión" por una propuesta "electoral" de Vox. Una sonada polémica a cuenta de la inmigración en una de las principales capitales gobernadas por PP y Vox a solo tres días de las elecciones europeas.