El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participa en la jornada sobre exclusión residencial en el Consejo Económico y Social (CES), organizada por Cruz Roja, Fundación Intras y Cáritas de Castilla y León, en colaboración con la Junta de Castilla y León.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participa en la jornada sobre exclusión residencial en el Consejo Económico y Social (CES), organizada por Cruz Roja, Fundación Intras y Cáritas de Castilla y León, en colaboración con la Junta de Castilla y León. Miriam Chacón Ical

Región

La Junta refuerza las políticas de vivienda con dos millones más directos a la lucha contra el sinhogarismo

Las ayudas irán destinadas a Cáritas, Cruz Roja y Fundación Intras que son las que gestionan las subvenciones en este ámbito

17 junio, 2024 10:51

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, movilizará próximamente dos millones de euros en beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Fundación Intras para la lucha contra el sinhogarismo en la Comunidad. Así lo ha anunciado el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, momentos antes de participar en las jornadas de 'Exclusión residencial' organizadas por estas entidades junto a su propio departamento y el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Unas cifras que se suman a los ya concedidos 605.000 euros que la Consejería de Suárez-Quiñones había destinado a estas tres entidades sociales. "Estamos hablando de que es un ayuda que va a permitir a estas personas pagar el 100% de la renta mensual, con un límite de 600 euros, y el 100% de los gastos que conlleva la vivienda hasta máximo 200 euros", ha destacado el consejero. Las citadas ayudas irán destinadas a seguir trabajando en "ese nicho de personas que tengan un riesgo de sinhogarismo, evidente o en una situación real".

Suárez-Quiñones ha puesto en valor la "iniciativa" de estas jornadas que hablan sobre un derecho que se puede enmarcar en varios preceptos de la Constitución y es que el asunto de la vivienda es "algo imprescindible para un proyecto de vida", aunque también en el caso de las personas que estén en un riesgo de exclusión social o están, es "algo más". "Es la base fundamental de su integración. Es consolidar una vida digna", ha añadido.

En esta línea, ha presumido de las políticas de la Junta en estos asuntos, tanto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyas políticas son la "número uno" de las políticas sociales de las comunidades autónomas de nuestro país, como las del propio departamento dirigido por el consejero. 

Así, además de estas ayudas específicas destinadas al sinhogarismo, Suárez-Quiñones ha subrayado también la resolución reciente de las ayudas al alquiler que han llevado una consignación de "nada menos" que casi 41 millones de euros. "Ahí hay muchas personas que tienen vulnerabilidad. Están los jóvenes, que es un sector muy vulnerable, al que van 12,6 millones de euros. Más de 5.000 familias jóvenes que se han visto beneficiadas", ha puntualizado.

También se ha referido a otros programas específicos dirigidos a personas vulnerables como las subvenciones para aquellos ciudadanos que han tenido una pérdida repentina de los ingresos, con una reducción del 20% y en los casos en los que el coste del alquiler y la vivienda suponga más del 30% de los ingresos.

De la misma manera, ha mencionado aquellas que van destinadas a personas que se quedan sin hogar por una sentencia de divorcio, separación o nulidad. Y es que en esta línea argumental, el consejero ha destacado que el 43% de las ayudas al alquiler van a personas con menos de 600 euros de ingresos mensuales. "En conjunto, las ayudas al alquiler van dirigidos en general a personas con pocos recursos y muy especialmente a distintos sectores estratificados de vulnerabilidad residencial", ha insistido.

Las políticas de rehabilitación de viviendas ha sido otra de las cuestiones a tratar por Quiñones, quien se ha referido a esa rehabilitación de los barrios "más desfavorecidos" donde hay un escalón no solo de calidad de las viviendas, sino también de integridad social. "Queremos eliminar esos escalones e igualar como se vive en un sitio o en otro de las ciudades. Ahí ha habido y va mucho dinero en el histórico de la Junta", ha reiterado.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico cuenta con 166 millones de euros de fondos europeos para este sentido y se están jugando más de 500 millones en estos años para la rehabilitación de viviendas que de "accesibilidad, eficiencia energética, dignidad y más seguridad". "No actuamos en zonas potentes y ricas, sino en zonas verdaderamente humildes y con problemas", ha asegurado.

Respecto al parque público de alquiler social, Quiñones ha celebrado que éste "crece", con 2.600 viviendas y que se aumentará con otras 2.200 que ya están construyendo. "Una política de vivienda de la Junta que en esta legislatura va a mover 719 millones de euros precisamente por su carácter social y dirigido a capas de personas con vulnerabilidad", ha sentenciado.

Preguntado por los medios, Quiñones ha señalado que "no hay zonas específicas" donde se dé esa vulnerabilidad, sino que esta se concentra en las zonas periféricas de las ciudades. "No hay zonas territoriales de Castilla y León con este problemas, sino que hay zonas dentro de los núcleos de población con este problema", ha recalcado.

En cuanto a los datos de personas en estado de riesgo de sinhogarismo, Quiñones ha señalado este "recoge muchos problemas". "Las ayudas que estamos dando son para miles de personas que pueden tener ese cierto riesgo. Una de las claves de esta jornada es la prevención", ha zanjado.

"Un tema crucial, una de las bases de los fundamentos de nuestro sistema"

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, ha destacado estas jornadas que abordan un "tema crucial" que es una de las "bases de los fundamentos de nuestro sistema". Y es que el máximo mandatario del CESCyL ha subrayado que al hablar de vivienda se hace desde el paradigma de que es un "derecho multiplicador".

"El derecho a la vivienda, la evitación de la exclusión residencial, supone la plataforma para el ejercicio de otros derechos básicos en nuestra sociedad para evitar la exclusión social y para facilitar la formación, la igualdad, la educación, la libertad y la atención de todos los servicios públicos pues si no se puede disponer de una vivienda no se pueden ejercer los derechos", ha afirmado con rotundidad.