El TSJCyL no ve delito en los ataques de Veganzones a los sindicatos, pero cree que fueron "objetivamente injuriosos"

No hay infracción penal en las palabras que el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones (Vox), dirigió a los sindicatos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entiende que fueron "incorrectas e hirientes", de una forma "áspera e inapropiada".

Mientras el propio Veganzones celebraba la absolución penal y que ya se puede llamar "comegambas" a los sindicatos en un acto de su partido en Valladolid emulando a Javier Milei con su ya famoso "viva la libertad, carajo", desde CCOO han valorado positivamente en cierta manera la decisión.

Y es que la querella por presuntas calumnias e injurias por ellos mismos, ha acabado con la absolución del consejero porque la Sala entiende que el cargo institucional le ampara y las acusaciones se hicieron en un contexto político concreto, por lo que "no son constitutivas de infracción penal", pero las manifestaciones podrían haberse dado de manera "menos hiriente", ya que fueron "ásperas e inapropiadas".

El secretario general de CCOO CyL, Vicente Andrés, ha celebrado el auto porque "reconoce que las críticas y las atribuciones" de Veganzones contra los sindicatos "fueron objetivamente injuriosas". De igual manera, el sindicalista ha lamentado que no se reconozca la infracción penal para que el consejero se disculpara de forma pública, que era lo "único que pedíamos en la querella", recuerda.

Desde CCOO recuerda, también, que ya ganaron un recurso contra la Consejería de Empleo el pasado diciembre, por el caso del calendario de festivos de 2023. Una sentencia que recogía que no existía una "memoria justificativa" ni se dio participación a los agentes sociales, ni se "respetó la libertad sindical", además de obviar el "Estatuto de Autonomía de Castilla y León".

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, también se manifiesta que las declaraciones de Veganzones son "probablemente innecesarias para el fin perseguido". Aunque matizan que las declaraciones se realizaron en un contexto político, la Sala califica la crítica del consejero de "excesiva", aunque todas ellas están amparadas por el "derecho a la libertad de expresión".

Respecto a las palabras que imputaban a los sindicatos de haber cometido delitos relacionados con dinero público o subvenciones, los magistrados afirman que se tratan de imputaciones "puramente genéricas, sin concreción alguna de hechos determinados". Algo que hace que sea "obvio" que están deben entenderse también amparadas por la libertad de expresión.