El acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León, firmado en marzo de 2022, convirtió a la Comunidad en la primera de España en contar con un Gobierno conformado por ambos partidos y la formación de Santiago Abascal no ocultó su intención de hacer de Castilla y León el laboratorio de experimentación de sus políticas. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, necesitado de su apoyo para seguir en el Gobierno, aceptó desde un inicio ceder ante su nuevo socio y varias de las peticiones de Vox referentes a cuestiones como la memoria histórica o la inmigración se incluyeron en el documento del pacto.

En ese sentido, en su discurso de investidura, el 11 de abril de 2022, Mañueco se refirió a la violencia intrafamiliar, a la concordia y la "reconciliación entre españoles", a la "inmigración ordenada" y defendió que el sistema educativo autonómico debía estar "libre de todo adoctrinamiento ideológico". Ahora, en el ecuador de la legislatura, PP y Vox mantienen una a veces incómoda convivencia en la Comunidad con momentos de tiras y aflojas y episodios en los que los de Abascal han puesto en un brete a los populares, pero sin lograr llevar a buen puerto la mayor parte de sus medidas estrella.

Dos de las iniciativas de más calado ideológico propuestas por Vox aún no se han aprobado: la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y el Decreto de Concordia, que debía sustituir al de Memoria Histórica impulsado por el propio PP en 2018. A pesar de que la Junta anunció el inicio de su tramitación en julio de 2022, las dos normas han quedado encalladas y Vox ha llegado a acusar al PP de encontrarse condicionado por Génova a la hora de demorar su aprobación. Otra cesión relacionada con la memoria histórica ha sido la relativa a la propuesta de Vox de declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) un total de 190 vestigios franquistas de Castilla y León, tolerada por el PP, que votó en contra de una iniciativa del PSOE en las Cortes censurando esa intención.

El aborto ha sido otra de las cuestiones problemáticas durante los casi dos años de Gobierno de PP y Vox en la Comunidad. En enero de 2023, el vicepresidente de la Junta presentó un polémico protocolo antiaborto que contemplaba la atención psicológica para la madre, el ofrecimiento de la escucha del latido fetal y de la realización de ecografías en 4D, con el objetivo desalentar a la madre si tuviera intención de abortar, además de "proteger" la objeción de conciencia de los doctores. Una medida que, en un inicio, el PP autonómico no desmintió pero de la que se terminó desmarcando tras las críticas de Génova y el requerimiento del Gobierno.

El ámbito en el que el PP ha cedido más ante Vox es el del Diálogo Social. Tras el reparto de carteras, la importante Consejería de Industria, Comercio y Empleo quedó en manos de Mariano Veganzones, de Vox, y pocos meses después llegó el anuncio de la eliminación del 50% de las subvenciones a sindicatos y patronal, un total de 20 millones, muy en la línea con el ideario de Vox. El PP toleró en ese momento un giro de 180 grados en las políticas de empleo de la Junta, que hasta ese momento había tenido el Diálogo Social como una de sus joyas de la corona.

La última gran polémica llegaría a cuenta de la llegada de más de 200 inmigrantes irregulares a la Comunidad, el pasado mes de octubre, en virtud del reparto organizado entre comunidades impulsado por el Gobierno. El vicepresidente, Juan García-Gallardo, acudió al Balneario de Las Salinas, en el municipio de Medina del Campo, donde se alojaban varias de estas personas, y aseguró que se trataba de una "invasión migratoria" de "varones en edad militar" que ponía en riesgo a las mujeres. Mañueco se negó a desautorizar a su número dos y centró sus ataques en el Gobierno por, a su juicio, no haber informado a la Junta de ese reparto.

Aunque sobre el papel y en el plano discursivo el PP ha cedido ante Vox, en la práctica el gran triunfo de los de Abascal se ha producido en la reducción de subvenciones a los sindicatos ya que, en lo que se refiere al resto de iniciativas, la estrategia de los populares ha sido la de favorecer su demora o incluso censurarlas directamente, a pesar de las dudas iniciales, como en el caso del protocolo antiaborto. La situación está impacientando a Vox, que observa como se supera el ecuador de la legislatura sin haber logrado sacar adelante las medidas más vinculadas a sus grandes caballos de batalla ideológicos en la Comunidad.