El juicio del Serla, visto para sentencia mientras los sindicatos están esperanzados en que la Junta rectifique

El juicio del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) está visto para sentencia. Hoy se ha iniciado la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después de que UGT y CCOO interpusieran una demanda contra la Orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, liderada por Mariano Veganzones, que establecía una financiación "insuficiente" para el Serla.

La propuesta fue aprobada el 13 de abril por el Ejecutivo autonómico y, además, contemplaba que a partir del 1 de julio estarían excluidos de la subvención el contrato del director del Serla y los gastos de arrendamiento de la sede. Asimismo, se establecía que el servicio intervendría de manera exclusiva en los conflictos colectivos, excluyendo los individuales entre los trabajadores y empresas que sólo operan en Valladolid y limitando la intervención a un árbitro o un mediador.

Los sindicatos han acusado a la "extrema derecha" que dirige la Consejería de intentar "eliminar el Serla" cuando optaron por "no incluir ninguna partida presupuestaria" para el servicio den los PGC de 2023, teniendo que dar "marcha atrás" tras el primer requerimiento del Gobierno de España. 

CCOO destaca que la abogacía del Estado se ha personado en la causa para defender el Serla y contra las medidas que ha adoptado la Consejería de Mariano Veganzones. Recalcan de la misma manera que la normativa "obliga" a la Junta a asumir el coste completo del Serla, "exclusivo y obligatorio" de acuerdo con la sentencia del Supremo.

El sindicato ha querido recordar a la Consejería que "las únicas competencias" que tiene son las de la financiación, dado que es un "servicio público". Por ello, ha cargado contra Veganzones por "usurpar competencias" y han aclarado que podría constituir "un principio de prevaricación". 

Desde CCOO esperan que la sentencia que se derive de este juicio obligue a la Junta a "rectificar" y el Serla siga con su funcionamiento y se cumpla el acuerdo que había firmado Alfonso Fernández Mañueco en esta materia en 2019 dentro del ámbito del Diálogo Social.

Por su parte, UGT ha solicitado al presidente de la Junta de Castilla y León que "reconduzca" la situación tras iniciarse esta causa.