Préstamos, ayudas directas y beneficios fiscales: las medidas de la Junta para paliar los efectos de la sequía

La Junta destinará al sector agrario 145 millones de euros en ayudas extraordinarias por los efectos de la sequía que se sumarán a los 600 millones de anticipos de la PAC. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado al Consejo de Gobierno estas iniciativas de carácter regulatorio, estructural y dirigidas a dotar de liquidez al sector, que tienen un importe estimado de 745 millones de euros, incluyendo los 600 millones de euros de anticipos de la PAC. El Consejo de Gobierno celebrado el pasado 15 de junio acordó la declaración de situación excepcional de la campaña agrícola 2022-2023 en todo el territorio de Castilla y León, debido a los efectos adversos sufridos por las explotaciones agrarias de la Comunidad, tras las extremas condiciones climáticas de los últimos meses. "La mayor inversión que hemos hecho nunca", ha asegurado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Esta decisión se tomaba para poder adoptar medidas normativas y otras de apoyo al sector agrario que en la reunión celebrada hoy se han dado a conocer y cuyo importe estimado asciende a más de 145 millones de euros, cuantía a la que se añaden los 600 millones de euros de anticipos de las ayudas de la PAC.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la campaña agrícola como excepcional, a iniciativa de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y a propuesta de la Consejería de la Presidencia, se comunican las siguientes medidas:

Medidas de carácter regulatorio

 Prórroga de los plazos establecidos para cumplir determinados compromisos, tanto del primer pilar (ayudas directas financiadas por el Feaga) como del segundo pilar (intervenciones de desarrollo rural cofinanciadas por el Feader) de la Política Agrícola Común.

 Flexibilización y establecimiento de excepciones a los requisitos de la Política Agrícola Común recogidos en la circular del FEGA de fecha 25 de mayo, en relación con las ayudas directas.

 Flexibilización de la regulación de determinadas cuestiones vinculadas a las intervenciones territoriales del Feader, en las cuales la Comunidad Autónoma tiene mayores competencias de desarrollo.

Medidas dirigidas a dotar de liquidez al sector

 Pagos de los anticipos de las ayudas directas de la PAC. Se efectuarán a partir del 16 de octubre, de conformidad con lo que disponga el reglamento europeo que establezca los porcentajes máximos de anticipo y las condiciones para efectuarlos. Se anticipará el máximo porcentaje que se autorice por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE (en principio el 70 %), así como hasta el 85 % de las ayudas Feader incluidas en la solicitud única de 2023. El importe estimado de los anticipos es de 600 millones de euros.

 Bonificación de intereses de préstamos. La situación actual necesita una respuesta firme por la Junta de Castilla y León con medidas similares a las establecidas en 2017 o 2019 de bonificación de intereses, si bien es preciso tener en cuenta que los tipos actuales de interés son mucho más altos a los existentes en los años referidos.

La medida consiste en bonificar el interés de los préstamos de hasta 60.000 euros máximos por explotación, a cinco años con un primer año de carencia y cuatro de amortizaciones constantes, con tipo variable con referencia al Euribor más un diferencial del 0,5. Dicha bonificación alcanzará el 100 % para agricultores profesionales y el 40 % para el resto

En esta medida también se contempla, en su caso, el coste del aval de Saeca u otra entidad avalista, que se podrá exigir para la suscripción del préstamo. La inversión prevista en esta medida es de aproximadamente 60 millones de euros.

Ayudas directas

 La medida consiste, en el marco temporal de la guerra de Ucrania, en establecer una ayuda directa destinada a los agricultores con pólizas de seguro de sequía de cultivos herbáceos y, en su caso, de pastos, que se calculará en forma de complemento a la indemnización que, por riesgo de sequía en las pólizas de cultivos herbáceos de secano, determine la entidad Agroseguro en 2023, con un incremento de hasta el 25 % sobre la indemnización determinada en el caso de los agricultores profesionales, o del 12,5 % para el resto de los agricultores.

Asimismo, en esta ayuda directa también se incluirán como beneficiarios aquellos agricultores profesionales sin póliza de seguro por sequía en 2022-2023, que se comprometan a realizar la suscripción en las próximas tres campañas agrícolas, con la condición necesaria de su suscripción en este primer año (campaña agrícola 2023-2024). En este caso, la ayuda a percibir por cada agricultor se obtendrá utilizando la indemnización media obtenida de la información disponible en la zona que radique la explotación de las diferentes actuaciones realizadas por la entidad Agroseguro en la zona, a la que se aplicará un porcentaje a determinar una vez efectuado el cálculo de las ayudas que correspondan a los titulares con pólizas vigentes en la campaña agrícola 2022-2023, con un máximo del 20 %.

Esta ayuda directa en el marco temporal de la guerra en Ucrania puede conllevar una aportación por parte de la Junta de Castilla y León de hasta 42 millones de euros.

Incremento de la partida destinada a la bonificación por suscripción de seguros agrarios. Esta medida consiste en incrementar esta partida con una senda de crecimiento que alcance en los próximos cuatro años una cifra cercana a los 15 millones de euros. El incremento neto del coste derivado de esta medida estará en torno a 9,6 millones de euros.

Medidas fiscales

Bonificación de las tasas veterinarias. La medida consiste en establecer una bonificación en un 95 % de las tasas de titularidad autonómica por prestación de servicios veterinarios, como medida de apoyo al sector ganadero. Esta acción será de aplicación desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2023, y además se prolongará durante los años 2024 y 2025.

El ahorro fiscal estimado para el sector ganadero durante los dos años y medio de aplicación asciende a 2,5 millones de euros. Reducción de los índices de rendimiento neto aplicables por agricultores y ganaderos. Esta acción consiste en la reducción de los índices de rendimiento aplicables a los agricultores y ganaderos en el sistema de estimación objetiva del IRPF de 2022 a presentar en 2023.

Se estima que supondrá una minoración de la base imponible de los declarantes en el régimen de estimación objetiva por sus actividades agrícolas y ganaderas de 138,5 millones de euros, beneficiando a unos 57.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León.

 El ahorro fiscal estimado para los agricultores y ganaderos de Castilla y León asciende a 20 millones de euros, de los que aproximadamente 10 millones de euros anuales serán asumidos por la Comunidad de acuerdo con lo establecido por el actual sistema de financiación autonómica. Por tanto, considerando también el efecto en el IRPF correspondiente al año 2023 que se presenta en el año 2024, el importe total alcanza los 20 millones de euros.

Medidas de carácter estructural

Como medidas de carácter estructural con efectos directos y también futuros para hacer frente a la sequía, se contemplan dos actuaciones de infraestructuras dirigidas a garantizar la disponibilidad de agua en las explotaciones ganaderas:

Las subvenciones de minimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo o mixto de aprovechamiento de pastos de Castilla y León, que supondrán la concesión de ayuda a 1.890 ganaderos y un importe de 6,1 millones de euros.

 La aprobación de un plan de ejecución de balsas para explotaciones extensivas y apoyo a medios contra incendios, para la construcción de pequeñas balsas (entre 10.000 y 45.000 metros cúbicos) en zonas ganaderas y que puedan además apoyar la lucha contra incendios. Principalmente se desarrollará en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, por la carga ganadera extensiva y el estiaje que se produce en los cauces de dichas provincias. El presupuesto es de 5 millones de euros y se prevé un plazo para ejecutarlo de tres años.