Mañueco anuncia una bajada de impuestos en la fiscalidad rural

El presidente de la Junta de Castilla y León ha sacado adelante esta mañana su compromiso de legislatura de suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos. Las Cortes de Castilla y León han aprobado la modificación legislativa, que ha presentado el propio Alfonso Fernández Mañueco y que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aprovechado su intervención ante los parlamentarios para adelantar que ésta no será la última bajada de tributos que se presentará en esta legislatura. “Seguiremos avanzando en una fiscalidad favorable al mundo rural, actuando sobre los ámbitos que figuran en el pacto de gobierno firmado entre el Partido Popular y el partido Ciudadanos”, ha añadido.

Durante su intervención en una votación, que ha definido como una de las más importantes de la legislatura, Fernández Mañueco ha subrayado que con la eliminación de este impuesto, que “penaliza el esfuerzo de familias y empresas”, se consigue, por un lado, promover la actividad económica, la creación de empleo y las oportunidades de futuro y, por otro, proteger e incentivar a las familias, las pymes y los autónomos, tal y como se comprometió en su discurso de investidura y que está recogido en el punto 20 del Acuerdo de Gobernabilidad. Tras recordar que la votación de este Proyecto de Ley estaba prevista el 18 de marzo del año pasado, en un Pleno que se suspendió por la entrada en vigor del estado de alarma, ha expresado el convencimiento de la Junta de que la eliminación del impuesto entre familiares directos es positiva para todos.

Desde un punto de vista económico, ha remarcado que contribuye al crecimiento al eliminar una traba en la transmisión de los bienes y derechos entre familiares directos y favorece la entrega inter vivos anticipada en el tiempo. De esta forma, se permite que la ayuda económica llegue en vida a los familiares sin tener que esperar al momento del fallecimiento. Por otra parte, el presidente autonómico también ha destacado que es positivo desde un punto de vista social por ser más ajustado a la equidad que, en las transmisiones lucrativas mortis causa, el patrimonio acumulado con años de esfuerzo por ascendientes y cónyuges no sea objeto de una nueva imposición. En ambos casos, ha señalado, el Gobierno de Castilla y León busca ayudar al relevo intergeneracional de empresas y negocios, favorecer el nuevo emprendimiento y la modernización, sin que el impuesto sea un obstáculo.

Supuestos concretos

El presidente ha enumerado durante su comparecencia una serie de supuestos concretos de los beneficios que traerá la eliminación de este impuesto. Así, se ha referido al caso de un joven que herede las dependencias agrarias, las máquinas y las fincas rústicas de su padre agricultor, con intención de establecerse como tal, buscando en la agricultura su medio de vida en su pueblo natal. También ha puesto como ejemplo el caso de una explotación ganadera heredada, que con esfuerzo levantaron unos padres, pero que su hijo no consigue mantener durante el periodo de 5 años exigido por la Ley, viéndose obligado a pagar hoy no solo el tributo sino también los intereses de demora. 

En materia de donaciones, ha invitado a pensar en unos padres o abuelos, que donan un local a su hija o nieta para que abra un comercio de proximidad, o una casa para la apertura de un nuevo alojamiento de turismo rural; o simplemente a la donación de un vehículo que le facilite el desplazamiento a su primer trabajo o un dinero en metálico para que pueda devolver un préstamo y salvar así la actividad ante las dificultades por la pandemia. Se ha referido también a todos aquellos casos en los que unos padres quieren incorporar a sus hijos a la empresa familiar antes de retirarse, y evitar que pueda cerrarse por no facilitarse el relevo intergeneracional.

Por todo ello, ha concluido que esa medida facilita el futuro de muchos jóvenes, la continuidad y la modernización de las actividades productivas, y la creación y el mantenimiento del empleo.

Bonificaciones

El cambio normativo introduce dos nuevas bonificaciones en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por un lado, una bonificación del 99 % en la cuota de las adquisiciones lucrativas mortis causa y de seguros de vida, cuando los adquirentes del causante sean el cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendientes o adoptantes. Por otro lado, una bonificación del 99 % en la cuota de las adquisiciones lucrativas inter vivos cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante. Además, se extiende la equiparación de los cónyuges a los miembros de las uniones de hecho, siempre que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, dos años y estén inscritas en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.

Una medida beneficiosa para todos los castellanos y leoneses

La práctica supresión del impuesto entre familiares directos beneficia “a todos los ciudadanos de esta tierra”. Y supondrá un ahorro para los contribuyentes de Castilla y León de alrededor de 35 millones anuales. Así, ha precisado se estimulará la demanda interna, al generar una mayor disponibilidad de rentas que incentivará la actividad económica y la inversión, incrementando el consumo por el aumento de la renta disponible. De esa forma, favorecerá a medio plazo el crecimiento económico y la creación de empleo y  generará una mayor recaudación por la hacienda autonómica en otras figuras tributarias.

En su exposición, Fernández Mañueco ha explicado que, “en un contexto como el que estamos atravesando, pueden aplicarse dos modelos fiscales muy diferentes”. Por un lado, un modelo de bajada de impuestos que permite la generación de más recursos públicos sin ahogar a los contribuyentes, que es por el que está apostando la Junta de Castilla y León y que “ha demostrado que funciona, un modelo que generará nueva actividad económica y también nuevos puestos de trabajo”. Y, por otro, el que opta por aumentar impuestos, y coarta la iniciativa emprendedora y que a medio plazo deprime el consumo, la inversión y el empleo, y con ello cae la recaudación pública. “De lo que estamos hablando, en definitiva, es de apoyar o no a los jóvenes, de apoyar o no a la recuperación económica, de apoyar o no el crecimiento del empleo”, ha afirmado.

Fiscalidad de Castilla y León

El jefe del Gobierno autonómico se ha referido también al informe del Consejo General de Economistas publicado el pasado 24 de marzo. De él se extraen dos conclusiones, según ha enunciado: que Castilla y León está entre las tres comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable para el mundo rural; y que es la segunda comunidad con el gravamen de IRPF más reducido, y la primera en cuanto al apoyo fiscal a las familias. Pero el mismo documento refleja que Castilla y León es, al menos hasta el día de hoy, una de las autonomías con la tributación más alta en materia de Sucesiones y Donaciones. Ante esta “injusta situación”, Fernández Mañueco ha planteado dos alternativas. La primera, “la que proponen los grupos parlamentarios de la izquierda, reflejada en las recientes enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma de Castilla y León para este mismo año”, que supondría un sustancial subida de la carga  fiscal para los castellanos y leones; o la que propone la Junta de “avanzar hacia un modelo fiscal más justo, más equitativo y más moderado”. 

El presidente de la Junta ha subrayado que no siempre subir impuestos genera una mayor recaudación, del mismo modo que bajarlos no es sinónimo de menores ingresos para la administración si aumentan los contribuyentes y las bases imponibles. Mañueco ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León ha demostrado la compatibilidad entre una política fiscal moderada al servicio de las personas, unos servicios públicos de calidad, y un nivel de endeudamiento reducido. Por ello, ha remarcado que la de hoy no será la última bajada de impuestos que se presente esta legislatura para avanzar en una fiscalidad favorable al mundo rural. Según ha afirmado, las personas de Castilla y León demandan políticas útiles al servicio de las personas “con buena gestión, por un lado, con impuestos moderados, con servicios públicos de calidad y con prioridad para el empleo y el crecimiento económico”.