Mañueco avanza en el congreso de CSIF un plan de ordenación de RRHH y nuevos decretos de teletrabajo y bolsas de empleo

El presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado que entre las intenciones del Gobierno regional están las de aprobar un nuevo decreto regulador del teletrabajo que favorezca la cobertura de plazas en la "ultraperiferia" de la Comunidad y un decreto de las bolsas de empleo; las de regular el certificado en competencias digitales del personal de la Junta a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP); y la de aprobar un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, que partirá de reconocer la elevada edad los empleados públicos, promoviendo su renovación en todos los sectores específicos modernos que se precisen. 

Así lo ha dado a conocer durante su intervención en el VII congreso autonómico que CSIF ha celebrado en la tarde de este miércoles en el auditorio Miguel Delibes y en el que el palentino Benjamín Castro ha sido reelegido presidente de CSIF Castilla y León con un 89% de los votos. 

Mañueco, que ha sido el encargado de clausurar el encuentro, ha subrayado su compromiso de mantener un "diálogo abierto" con las organizaciones sindicales para seguir llegando a acuerdos en materias importantes que mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos, ya que, a su juicio, ellos son, precisamente, "los principales responsables de que los servicios públicos de Castilla y León estén a la cabeza a nivel nacional". 

Además, ha presumido de que la región es un ejemplo de que "es posible llegar a importantes acuerdos", recordando que hasta la fecha se han suscrito múltiples pactos que han mejorado las condiciones laborales de los empleados públicos, tales como la implantación de las 35 horas semanales, el Convenio Colectivo para el personal laboral, la carrera profesional horizontal y el desarrollo de los procesos de estabilización, entre otros, y a los que próximamente está previsto que se sumen los anteriormente detallados. 

Por su parte, Benjamín Castro, que seguirá defendiendo a los más de 23.000 afiliados con los que cuenta el sindicato en la región en un segundo mandato de cuatro años, ha manifestado que "después de consolidar la presencia de CSIF en las administraciones autonómica y locales, ahora nos toca reforzar nuestra participación en las empresas privadas, donde aspiramos a ser también la alternativa sindical y defender los intereses de los trabajadores".

En esta línea, ha anunciado que uno de los principales objetivos que se marca en los próximos cuatro años es el de mantener una posición "férrea" en la defensa de los intereses laborales de los empleados públicos, reivindicando, entre otras cuestiones, "contar con una renovada Ley de Función Pública y un nuevo acuerdo salarial que no condene a los empleados públicos a continuar perdiendo poder adquisitivo; acabar con los inaceptables niveles de temporalidad y conseguir una solución para unas plantillas envejecidas y tensionadas que, de no solucionarse, pondrá en jaque el despliegue de los servicios públicos en Castilla y León en menos de una década", ha asegurado. 

Además, ha destacado la relevancia de este encuentro para "definir la estrategia de futuro que regirá en la hoja de ruta y que en las próximas semanas quiero compartir en la ronda de contactos institucionales que impulsaré con el Gobierno regional, ayuntamiento, diputaciones y con las más relevantes empresas privadas de la Comunidad, recalcando que el lema 'Todo por todas y por todos', aglutina el sentido de defensa de los intereses de los miles de funcionarios, profesionales y trabajadores de la región". 

Asimismo, ha hecho especial hincapié en "los nuevos afiliados", afirmando que "son jóvenes que nos reclaman más actividad y exigencia desde una posición más crítica". 

En este sentido, el presidente del sindicato a nivel regional ha considerado importante resaltar que "la Mesa de Diálogo Social sigue siendo la misma de su creación", tras lo cual ha reivindicado "la participación de otros agentes sociales como un elemento fundamental para mejorar la calidad de la democracia". 

Del mismo modo, ha criticado el hecho de que la norma sindical actual solo permita participar a los sindicatos "considerados más representativos a nivel nacional o autonómico en todos los sectores", dejando fuera, por tanto, "a los más representativos en las administraciones públicas". "Consideramos que la Ley que impide su participación parte de un error de base, aplica una norma que regula la negociación colectiva de las condiciones de trabajo a otro ámbito, que nada tiene que ver con esa negociación, como es el foro de Diálogo Social", ha denunciado. 

Cabe destacar que, desde hoy, Benjamín Castro lidera un comité ejecutivo que también está integrado por Ángel Barrigón, como vicepresidente y secretario de Acción Sindical; Encarnación Pita, como secretaria general; Rodrigo Molledo, como secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales; José Julio Benito, como secretario de Negociación; Mar Carrascal, como secretaria de Igualdad; y Victoria Casares, como secretaria de prevención de riesgos de ámbito autonómico. En la Comisión de Garantías de Ámbito Autonómico estarán Beatriz Díaz, como nueva presidenta, además de Ruth Ortega y Agustín Blázquez.

La votación se ha llevado a cabo durante el VII congreso autonómico celebrado este miércoles y que ha contado con la presencia de más de 200 compromisarios, así como con la participación del segundo teniente de alcalde de Valladolid, Francisco Blanco; el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra; y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, entre otras autoridades. 

Nicanor Sen llama a “desterrar la confrontación que empaña la labor de las instituciones"

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha utilizado su intervención para animar a "desterrar la mala práctica de la confrontación que en estos tiempos empaña la importante actividad que se lleva a cabo desde las instituciones", así como para reconocer el sentido “crítico” de los sindicatos para mejorar la vida de los empleos públicos y también la atención de la ciudadanía.

En esta línea, en declaraciones recogidas por Ical, ha apelado a mantener el “diálogo” y la “colaboración” para afrontar los retos del futuro y ha destacado el “importante crecimiento” experimentado de la plantilla de empleados públicos durante el Gobierno de Pedro Sánchez, "ya que se superan los 3,5 millones, un nuevo récord histórico”.

A todo ello, el delegado ha añadido "los 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, la subida del 54 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional o el aumento de las pensiones", entre otras medidas. 

Borra defiende la "solidaridad" entre territorios frente a los acuerdos de Sánchez y sus socios

Por su parte, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha defendido la “igualdad”, la “independencia judicial” y “solidaridad” entre territorios frente a los acuerdos de investidura del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y sus socios independentistas, que, a su juicio, generan “desequilibrios” que pueden “debilitar” la calidad de los servicios y afectar, por tanto, a los empleados públicos.

Según recoge la Agencia Ical, en su intervención en la clausura del VIII Congreso Autonómico de CSIF, Borra ha denunciado el hecho de que España se quede sin presupuestos por las elecciones catalanas y que, a la petición de referéndum, se sume la reclamación de una hacienda que recaude todos los impuestos y transfiera la cantidad que considere al Estado.

Asimismo, ha recalcado que no puede haber ciudadanos de “primera y de segunda”, ni territorios con privilegios, y que el poder judicial es la “última garantía” del estado democrático. Por ello, ha afirmado que su sindicato seguirá exigiendo que a “igual trabajo, igual salario”.

También ha denunciado que el personal de la Administración General del Estado sea el “peor” pagado y ha pedido que se regule por norma básica que el uso lenguas cooficiales sea un “mérito”, pero “nunca un requisito”. Además, ha marcado como objetivo recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y el poder adquisitivo perdido estos años; potenciar la movilidad y la promoción interna; un aumento de la financiación del mutualismo administrativo; y seguir trabajando para lograr la modificación de la ley orgánica de libertad sindical.